“La violencia machista es un problema privado de pareja”

Clasificación: FALSO

La idea de que la violencia machista pertenece al ámbito privado de las parejas es uno de los mitos más persistentes y dañinos de nuestras sociedades, porque invisibiliza el carácter estructural del problema y por supuesto que favorece la impunidad.

La violencia contra las mujeres y niñas no es un conflicto doméstico ni un “problema de pareja”: es una violación de derechos humanos, reconocida y definida como tal por diversos instrumentos internacionales que Nicaragua ha ratificado y que, por lo tanto, tienen fuerza obligatoria para el Estado.

Desde 1995, Nicaragua es Estado Parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). Este tratado afirma explícitamente en su Artículo 3 que “toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”. Además, en su Artículo 7, obliga a los Estados a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia, y a adoptar políticas integrales que garanticen protección efectiva. Eso significa que, la violencia que ocurre dentro de una relación íntima de pareja no pierde su naturaleza de delito ni de violación de derechos humanos solo por ocurrir en el llamado “espacio doméstico”.

A nivel global, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) —ratificada por Nicaragua en 1981— establece en su Recomendación General N.º 19 y ampliada en la Recomendación General N.º 35 que “la violencia basada en género es una forma de discriminación contra las mujeres que impide el ejercicio de todos sus derechos y libertades fundamentales”. La CEDAW señala que los Estados no pueden excusarse alegando “asuntos privados” cuando la violencia ocurre en el hogar.

¿Qué pasa en Nicaragua?

Con la instauración de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se promueve una narrativa oficial que presenta la violencia machista como un problema “de convivencia familiar”, diversas voces críticas han señalado cómo este enfoque minimiza la violencia.

Organizaciones feministas han denunciado que el discurso de la dictadura, basado en la supuesta promoción de la “seguridad y paz” dentro de los hogares, contrasta con una realidad de violencia en aumento y falta de protección efectiva para las víctimas.

Han señalado que el régimen orteguista mantiene bajo secreto las estadísticas sobre femicidios, impidiendo dimensionar adecuadamente la crisis que enfrentan las mujeres y niñas en el país, mientras desde su aparato propagandístico se anuncia como un gran logro la reactivación de más de 400, Comisarías de la Mujer, pero sin resultados visibles en la reducción de los feminicidios.

Las críticas también se han centrado en la reincorporación de mecanismos de mediación en casos de violencia machista, que en la práctica priorizan la unidad familiar por encima de la vida de las mujeres. Una política sustentada bajo la lógica de resolver “alteraciones en las relaciones interpersonales” mediante compromisos de “armonía familiar” que, ponen en riesgo a las víctimas al obligarlas a enfrentar a sus agresores en procesos judiciales que no consideran las relaciones desiguales de poder, tampoco el contexto de violencia y responden a la agenda de Ortega-Murillo.

Este enfoque, según organizaciones independientes, refuerza una narrativa que relega la responsabilidad del Estado, diluye la gravedad de los hechos y puede disuadir a mujeres de denunciar por el temor a que se les imponga una “mediación” que no garantiza su protección ni su vida.

En síntesis: La violencia machista es un asunto público y político. Es responsabilidad del Estado prevenirla, sancionarla y garantizar protección, y es responsabilidad social y mediática dejar de tratarla como un drama íntimo para abordarla como lo que es: una violación sistemática de derechos humanos que exige acción institucional y vigilancia ciudadana.