Al menos 9 de las 54 muertes violentas de mujeres registradas en 2025 —que representan el 17% del total— ocurrieron en la Costa Caribe de Nicaragua, una región históricamente olvidada y con altos niveles de…
Al menos 9 de las 54 muertes violentas de mujeres registradas en 2025 —que representan el 17% del total— ocurrieron en la Costa Caribe de Nicaragua, una región históricamente olvidada y con altos niveles de impunidad en los casos de femicidio.
La limitada respuesta institucional por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la falta de investigaciones efectivas y las barreras territoriales, culturales y lingüísticas refuerzan el patrón de violencia y profundizan la vulnerabilidad de mujeres y niñas en esta zona del país.
María Migdonia Téllez Peña tenía 54 años cuando fue asesinada el 12 de septiembre en El Rama, municipio del Caribe Sur. Su muerte revela cómo la violencia machista se alimenta de creencias como la “brujería” para justificar crímenes contra las mujeres.
El agresor, Pedro Pablo Obando Silva, la ató a un caballo y la arrastró hasta causarle la muerte, luego de acusarla de brujería tras un reclamo por el pago de una deuda. En un intento por librarse del proceso judicial, su defensa alegó que padecía “esquizofrenia paranoide”.
El equipo de CotradaData —el verificador de violencia machista de La Lupa Feminista y Despacho 505— constató que, de las 9 muertes violentas ocurridas en la Costa Caribe, 7 son casos verificados (77.8%). Es decir, cuentan con al menos una fuente oficial que confirma la muerte, aunque las autoridades no los hayan tipificado como femicidios.
Uno de ellos ocurrió el 24 de febrero en la comarca El Chacalín, colonia La Unión, municipio de Nueva Guinea, Caribe Sur. Reyna Eduarda Téllez Bermúdez, de 69 años, fue atacada por sus propios sobrinos, quienes le sustrajeron el dinero de la venta de ganado. Su cuerpo fue encontrado cerca de su vivienda.
Otro de los casos verificados es el de Celsa Janery García García, estudiante universitaria de 19 años. Fue asesinada por su tío político, José Luis Gámez Pérez. En un primer momento, la Policía orteguista sostuvo que su muerte se debió a un ahogamiento. Sin embargo, la versión oficial fue cuestionada por su familia, cuya insistencia permitió que se conocieran elementos que apuntaban a un crimen violento y no a una muerte accidental.
Del total, 2 casos (22.2%) fueron categorizados como sospechosos no investigados. Es decir, crímenes que presentan indicios de violencia de género, pero que las instituciones no incorporaron en sus registros o carecen de información oficial.
Los cuerpos de estas mujeres fueron encontrados en espacios públicos, como diques o campos destinados a la quema agrícola. Además, existen versiones contradictorias por parte de las propias instituciones.
El crimen contra Marciana Murillo es uno de estos casos. El 10 de mayo, su hija de 14 años encontró el cuerpo de su madre, con quemaduras en el costado y abdomen, tirado en un campo utilizado para labores agrícolas en la comunidad Pajarating, sector Cañalito, en El Tortuguero.
El análisis indica que 2 muertes violentas de mujeres (22.2%) permanecen impunes, sin investigación efectiva ni responsables identificados o procesados. El Estado no garantiza justicia en una de las regiones más alejadas y desatendidas del país, donde la violencia contra las mujeres muchas veces pasa desapercibida entre la falta de seguimiento institucional y el silencio oficial.
Entre los casos que permanecen sin esclarecer está el de Ermina Marina Omier Brown, de 61 años. Su cuerpo fue encontrado en un dique a las afueras del barrio Loma Fresca, en Bluefields, cinco días después de haber sido reportada como desaparecida.
Se determinó que 7 casos (77.8%) llegaron al sistema de justicia.
En 3 casos, los agresores fueron procesados por asesinato agravado, una figura que reconoce la gravedad del crimen, pero no incorpora el componente de violencia de género. Además, dos casos permanecen como muertes no esclarecidas, sin una línea investigativa clara, y uno fue registrado únicamente como asesinato.
Aunque el resto presenta características propias de violencia machista, solo 3 fueron reconocidos legalmente como femicidios —toda muerte violenta de una mujer nombrada así por Contradata en el marco de relaciones desiguales de poder—. Entre estos está el caso ocurrido el 11 de febrero en el municipio de La Cruz de Río Grande, Caribe Sur, cuando Petrona Lira Espinoza, de 38 años, fue asesinada mientras cocinaba en una finca de la comunidad San Ramón 2.
Su pareja, Erick Francisco Martínez García, ingresó a la vivienda y la atacó con un cuchillo, causándole múltiples heridas que le provocaron la muerte en el lugar.
Contradata determinó que los asesinatos fueron perpetrados con machetes, mediante golpes reiterados, arrastres y ataques cometidos por personas del entorno cercano de las víctimas.
Denunciar violencia machista en la Costa Caribe implica enfrentar múltiples obstáculos. Para muchas mujeres, acudir a una delegación policial o a una instancia judicial supone horas —o incluso días— de desplazamiento por ríos o caminos en mal estado, además de costos económicos imposibles de asumir.
A esto se suma el temor a represalias en comunidades pequeñas, donde el agresor suele ser conocido y las redes de apoyo son limitadas.
Otra barrera estructural es la falta de intérpretes y traductores en lenguas indígenas y afrodescendientes. Mujeres que hablan miskitu, mayangna o creole se enfrentan a un sistema de justicia que no garantiza atención en su idioma, lo que limita su derecho a denunciar y a comprender los procesos legales.
