Con una condena por abuso sexual vigente hasta 2035, el asesino de Stephanie fue excarcelado a mediados de 2025 en el marco de la política de “segunda oportunidad” aplicada a reos comunes por el régimen…
Moisés Adán Cruz, de 35 años, conocido como “El Moly”, no debía estar en libertad cuando asesinó a la adolescente Stephanie, de 17 años, en Carazo, en noviembre de 2025.
Condenado por abuso sexual y con pena vigente hasta 2035, el hombre fue excarcelado a mediados de ese año bajo la política de “segunda oportunidad” mediante indultos que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorga de manera discrecional. Meses después, cometió el crimen por el que regresó a prisión con una sentencia de prisión perpetua revisable.
La pena dictada por el Juzgado de Distrito Penal Segundo de Juicio de Carazo contra Cruz cierra el proceso judicial por el crimen de la adolescente, un caso que se inscribe en el 80% de las muertes machistas registradas en 2025 que no han sido reconocidas oficialmente por el Estado.
Feministas cuestionan que aunque el crimen haya alcanzado justicia, las autoridades no solo evaden su responsabilidad sino que lo borran de las estadísticas de delitos machistas tipificándolo como asesinato agravado.
También aprovechan su posición de privilegio para desaparecer los registros sobre la excarcelación de Cruz y transparentar el razonamiento legal que los llevó a otorgarle el beneficio. La condena del crimen “no borra la secuencia de hechos que lo hizo posible”: la liberación anticipada de un agresor sexual con antecedentes contra menores, subrayan.
Cruz asesinó a Stephanie el 5 de noviembre de 2025 en la comarca Los Cruces, municipio de Santa Teresa, Carazo.
La Fiscalía demostró que Cruz la golpeó en la cabeza hasta provocarle la muerte. Luego abandonó su cuerpo oculto entre maleza en un predio montoso situado a 1.5 kilómetros al suroeste de la carretera entre Nandaime y Jinotepe.
Un lugareño descubrió el crimen tras cinco días de búsqueda. Desde los primeros días, vecinos alertaron haber visto a la adolescente junto al agresor en los días previos al crimen. Los testigos afirmaron que los vieron la tarde del asesinato, cuando ambos se dirigían desde la iglesia hacia la zona donde abandonó a la víctima.
Antes de arrebatarle la vida a Stephanie, Cruz cumplía condena por abuso sexual, en noviembre de 2022. La víctima: otra adolescente de 15 años-
La Policía capturó a Cruz en febrero de 2023 y cinco meses después un juez lo condenó a 12 años de prisión, con fecha de cumplimiento fijada para el 17 de febrero de 2035.
Sin embargo, había completado apenas dos años y medio en prisión cuando resulto elegido como beneficiario del llamado “perdón presidencial” que ha permitido la excarcelación anticipada a miles de condenados por delitos comunes. ContraData -el verificador de violencia machista de La Lupa Feminista y Despacho 505, comprobó que el nos registros judiciales no existe ningún soporte legal que relacionado a la excarcelación del condenado.
Sobre el delito por el que fue eximido, la acusación señala que el agresor aprovechó visitas al domicilio donde residía con su pareja para realizar, en dos ocasiones, tocamientos de carácter sexual contra una menor de edad. Sin embargo, el indulto redujo de forma abrupta la sanción impuesta por un delito sexual contra menor y lo devolvió a la libertad meses antes del asesinato contra Stephanie..
A Moisés Adán Cruz lo volvió a capturar la Policía el 14 de noviembre de 2015 y ahí mismo confesó el crimen.
Tras el juicio, la jueza Juana Rivera Pineda dictó prisión perpetua revisable. Es decir que la pena podrá revisarse una vez que el reo cumpla 30 años efectivos de prisión.
La sentencia representa la respuesta judicial al asesinato, pero llega después de un crimen que, según la secuencia de hechos, pudo haberse evitado si la condena original se hubiese cumplido.
El caso de Stephanie es parte de los 54 crímenes machistas contra niñas, adolescentes y mujeres registrados en 2025 en Nicaragua, en un contexto donde organizaciones feministas denuncian falta de prevención, opacidad oficial y ausencia de políticas públicas efectivas para protegerlas.
