Una niña asesinada en su propio hogar, una militar muerta en circunstancias violentas y una mujer cuyo nombre apenas quedó registrado, revelan un patrón persistente: la violencia machista atraviesa edades, territorios e instituciones en un…
La última vez que vieron con vida a “Ashley”, de apenas 12 años, fue dos días antes de que su cuerpo apareciera abandonado en un predio baldío en Chichigalpa, Chinandega. Vivía con sus tíos y su abuela paterna. Fue reportada como desaparecida. Cuando la encontraron, ya no había nada que hacer: había sido abusada sexualmente y asesinada a golpes.
Fueron precisamente dos de sus tíos —junto con un cómplice— quienes admitieron haber abusado sexualmente de ella y asesinarla a golpes. Fueron condenados a cadena perpetua, pero la sentencia no logra cerrar la herida: el Estado nunca protegió a la niña, nunca anticipó lo que ocurría en esa casa, nunca actuó antes de que fuera demasiado tarde.
Mientras la sentencia de cadena perpetua se dictaba contra los femicidas de Ashley, el país seguía su curso como si se tratara de un caso más. Otro nombre que se suma a la estadística. Otra vida que no recibió protección. Otra niña a la que el Estado no logró —ni intentó— salvar.
El tercer trimestre del año de 2025 dejó 15 mujeres asesinadas en Nicaragua. Sus historias muestran que la violencia machista atraviesa territorios, edades, instituciones y silencios. Mientras los familiares entierran a sus hijas, madres o hermanas, las instituciones del Estado —incluyendo las que deberían prevenir, investigar y garantizar justicia— no logran siquiera reducir los índices de violencia machista en el país.
El trimestre reveló un patrón que se repite con precisión: ninguna mujer está protegida, ni siquiera dentro de las instituciones militares. El 21 de agosto, dentro de las instalaciones del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua en Managua, fue asesinada la teniente Teresa Vega Treminio. El agresor fue un mayor del Ejército, identificado como Enmanuel Flores, quien la atacó con un arma blanca dentro de una de las estructuras más resguardadas del país. Luego se suicidó.
El crimen nunca fue explicado por las autoridades castrenses; la Policía tampoco brindó información. Ni un comunicado, ni una alerta, ni una investigación transparente. El femicidio ocurrió dentro del corazón de la institución militar y aun así fue tratado como un hecho incómodo del que nadie quiso hablar.
Fuera de los cuarteles, en zonas rurales y urbanas, la violencia machista siguió su curso. En Estelí, Dora María Álvarez González, de 24 años, fue asesinada a cuchilladas por su pareja, quien la atacó en una finca tabacalera, dejando a dos niñas en la orfandad. En Chontales, Sebastiana Elieth López Martínez, de 56 años, fue asesinada en un crimen por encargo motivado por disputas familiares por bienes; su propio hermano pagó a tres hombres para ejecutarla a balazos.
Y en San Marcos, Carazo, Jessenia María Mercado García, de 42 años, fue asesinada por su sobrino con una estocada en el cuello. En Wiwilí, Jinotega, Maryuri Barrera Palacios, de 29, murió tras un disparo que un hombre realizó en un bar durante una discusión que ni siquiera la involucraba directamente. En todos estos casos, la violencia aparece como una constante que atraviesa el hogar, el espacio público y los vínculos familiares, sin barreras y sin contención.
A esto se suman asesinatos durante actividades cotidianas. En El Tuma–La Dalia, Matagalpa, Silken Narahi Machado Sánchez, de 20 años, fue acuchillada mientras trabajaba en un bar por un hombre que aún no ha sido identificado. En El Rama, Caribe Sur, María Migdonia Téllez Peña, de 52, fue atacada con machete por un hombre que la consideraba una “bruja”; luego la amarró a un caballo y la arrastró hasta matarla. Es un crimen que revela un nivel de brutalidad que el Estado no reconoce ni analiza.
La violencia también golpeó a mujeres en situación de vulnerabilidad extrema. El 16 de agosto, una mujer no identificada fue hallada sin vida frente a la terminal de Transnica, en Managua. Según versiones preliminares, parecía vivir en la calle.
La Policía trasladó el cuerpo a Medicina Legal, pero nunca emitió información sobre la causa de muerte, identidad o posibles sospechosos. Su caso desapareció en la oscuridad administrativa donde terminan las mujeres pobres cuyos nombres el Estado nunca intenta conocer.
El trimestre también dejó casos en los que las autoridades han preferido sembrar dudas o diluir responsabilidades. En Managua, A.R.M., de 19 años, murió en circunstancias que la Policía reportó inicialmente como un posible suicidio por asfixia mecánica. La joven con quien compartía vivienda fue detenida, pero no se brindaron detalles, ni hubo investigaciones públicas, ni se ha confirmado si la muerte fue voluntaria, inducida o producto de violencia.
Mientras tanto, en Malpaisillo, León, la adolescente Gabriela Saraí Silva Laguna, de 16 años, desapareció cuando fue a una pulpería. Dos días después, su cuerpo apareció en un cerro, entre matorrales. No hay detenidos. No hay información oficial. No hay ningún avance que permita entender qué ocurrió con ella.
A estas omisiones se suman los casos en los que los agresores están prófugos o no han sido identificados: el asesino de Silken Narahi, el hombre responsable del disparo que mató a Maryuri, el caso de la mujer no identificada, y otros donde la información policial es incompleta o ambigua.
El registro de casos verificado por ContraData revela que la violencia machista en Nicaragua no es solo una cadena de crímenes; es un sistema sostenido por la inacción estatal.
Una niña asesinada por familiares. Una militar asesinada dentro del Ejército. Una adolescente abandonada en un cerro. Una mujer sin nombre cuyos restos fueron levantados sin preguntas.
Todas estas vidas revelan un país donde las mujeres mueren en entornos diversos —militares, urbanos, rurales, familiares, laborales— pero bajo un mismo patrón: la falta absoluta de protección.
En 2025, ContraData documentó 54 muertes violentas de mujeres de las cuales solo 11 (20%) fueron tipificados como femicidios, con base en la reforma aplicada en 2012 a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779), que limita el reconocimiento del delito a aquellos casos perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas, dejando fuera otras formas de violencia feminicida.
El 80 % de los crímenes contra mujeres se diluyen ya sea bajo otras figuras penales o simplemente dejándolos fuera de cualquier registro judicial
NOTA AL LECTOR: Este reportaje es parte de la serie que ContraData, el verificador de violencia de género de La Lupa Feminista y Despacho 505 publica como parte del Monitoreo de Violencia Machista 2025.
